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Tlatlaya: bloqueo del Ejército y la operación Marina Armada

El Ejército bloqueó la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para conocer con mayor amplitud cómo actuaron los soldados involucrados en el caso Tlatlaya, aún cuando hay información oficial que confirma que dos generales estuvieron en la bodega donde fueron asesinados 22 civiles.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguró que no cuenta con evidencias documentales para mostrar bajo qué circunstancias actuaron sus elementos al llegar a la bodega ubicada en el poblado de San Pedro Limón, al sur del Estado de México, según consta en un oficio incluido en el expediente de 7 mil 700 hojas integrado por la CNDH.

No obstante, en el sitio del tiroteo se concentraron 55 elementos del Ejército provenientes de dos diferentes batallones, no sólo de no como se había informado hasta el momento. Además, de 21 marinos, quienes estuvieron ahí al menos ocho horas.

El manual de uso de la fuerza del Ejército señala la necesidad de que los soldados lleven cámaras de video para grabar sus actuaciones.

Según la Sedena, el batallón involucrado en el caso Tlatlaya no llevaba el equipo necesario, pues no se consideró que el patrullaje de ese día implicaría la necesidad de usar las armas.

Aunque los soldados consideraron que no era una región de riesgo, a lo largo de 2014 el gobierno del Estado de México pidió la presencia de fuerzas Federales para reforzar la seguridad en la zona. Con motivo de estos operativos, se documentó el rescate de personas secuestradas y el aseguramiento de armas.

Los comunicados de prensa sobre seguridad en el municipio durante los últimos años versan sobre decomisos de marihuana, narcolaboratorios y detenciones de presuntos integrantes de la familia.

Mediante diversos oficios, la CNDH cuestionó al Ejército sobre la organización de los soldados el día de la balacera.

La respuesta oficial fue firmada por el comandante de la Zona Militar 22, localizada en el municipio de Santa María Rayón y dice lo siguiente:

“La comandancia del 102/o Batallón de Infantería señaló que carece de evidencia documental respecto a la organización y las actividades que realizaba el personal que integró la base de operaciones ‘San Antonio del Rosario’, el pasado 30 de junio, así como la forma en que el resto del personal de la base apoyó a los elementos agredidos inicialmente”.

En ese mismo documento, enfatiza que el operativo estuvo a cargo de un oficial comandante cuya misión fue, dice textualmente, “reducir los niveles de violencia en el país”. El nombre de este militar fue borrado por la CNDH en la versión pública del expediente revisado por la Primera Emisión de Noticias MVS.

En un oficio anterior, el comandante de la Zona Militar 22 informó que a las 5:00 de la mañana de ese 30 de junio, los siete elementos realizaban un “reconocimiento de ruta” a bordo de una camioneta Cheyenne, sobre la carretera San Antonio del Rosario-San Pedro Limón.

Según esta versión, la balacera inició cuando un soldado detectó una persona armada fuera de la bodega y pidió a sus compañeros que se detuvieran para inspeccionar. El oficio relata lo siguiente:

“Al tratar de circular en reversa se inicia una agresión con disparos de arma de fuego en contra del personal militar provenientes del interior de la bodega, generándose una agresión real e inminente y sin derecho, sin que haya mediado provocación (…) por lo que personal militar repelió la agresión…”

La versión del Ejército sobre el tiroteo ocurrido la madrugada del 30 de junio del 2014 en el municipio de Tlatlaya fue que se trató de un enfrentamiento. No obstante, esa postura se vino abajo cuando la Agencia de Noticias AP y la revista Esquire descubrieron indicios de ejecuciones extrajudiciales.

Expediente Tlatlaya

DOCUMENTOS CERRADOS

Sin documentos que ayuden a probar la actuación del Ejército, las declaraciones de los militares implicados se vuelve clave para saber qué pasó dentro de esa bodega. Y, en este sentido, la CNDH hizo una petición formal al juez militar encargado del caso para que se abrieran los expedientes.

El Ministerio Público Militar dijo estar dispuesto a abrir los documentos. Sin embargo, el abogado defensor se opuso al rgumentar que la CNDH, desde su punto de vista, no está facultada para revisar las faltas militares.

Según el litigante, del cual no se sabe si es privado o de oficio, la información sobre los homicidios o ejecuciones ya estaba en la Procuraduría General de la República.

El juez militar dio la razón al abogado y las declaraciones ministeriales de los soldados encarcelados no fueron abiertas, aún cuando, públicamente, la Sedena aceptó la recomendación del caso.

La cerrazón ante las indagatorias de la CNDH están incluidas en el expediente revisado por el equipo de esta Primera Emisión de Noticias MVS.

Sin embargo, en la propia recomendación sobre la ejecución extrajudicial no se incluyeron esos detalles.

El abogado Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas Litigio en Derechos Humanos, dijo que el juez militar no debió tomar la decisión de abrir o no los expedientes, sino simplemente dar acceso a la petición de la CNDH, que es el organismo facultado para reunir toda la información que considere pertinente.

Sostuvo que la Comisión de Derechos Humanos debió perfilar la recomendación para ver los expedientes, cuidando que no se violenten las garantías de los procesados.

“La CNDH no debió haber aceptar ese argumento, porque independiente del argumento del juez es evidente que el acto de indisciplina o los actos relacionados con investigaciones de procedimiento militar, tienen que ver con el acceso a la justicia y tienen que ver con el saber por qué y qué declaraciones y testimonios hay.

No hay ninguna posibilidad que  una autoridad le niege acceso a la CNDH porque estaría violando su mandanto constitucional”.

 

EL OPERATIVO MARINA

El expediente de la CNDH permite revisar la participación de la Marina en el caso Tlatlaya.

En la investigación aparece un informe elaborado por el contralmirante del Servicio de Justicia Naval, Alejandro Miguel Vázquez, quien reconoció que un comando de marinos llegó a la bodega para prestar apoyo a los militares.

Se trató de un capitán de fragata a cargo de la Base de Operaciones del municipio de Luvianos, quien recibió una denuncia anónima a las 5:15 horas sobre una balacera entre soldados y delincuentes.

El mismo capitán de fragata –cuyo nombre fue borrado del expediente- acudió a la bodega encabezando un convoy con otros dos oficiales y 18 marinos armados.

Al llegar se entrevistó con el jefe del Batallón Militar 102, quien le comunicó el rescate de tres mujeres secuestradas y la muerte de 22 presuntos delincuentes.

Una de las mujeres, dijo al capitán de Fragata que conocía la ubicación de casas donde estaban secuestradas entre 10 y 12 personas, incluyendo adultos mayores y niños.

Durante más de dos horas, los marinos revisaron esas casas de seguridad acompañados de la propia víctima recién liberada y de miembros del Ejército. Alrededor de las 10:50 horas, regresaron a la bodega sin haber tenido éxito en el operativo.

La Marina no informó si en los trayectos recorridos la mujer les dijo algo sobre lo que había atestiguado horas antes: la supuesta ejecución de civiles rendidos y desarmados. Al menos eso no consta en el expediente.

Ella habló de eso, hasta que tuvo frente a sí a periodistas y, más tarde, a visitadores de la CNDH.

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OTRO BATALLÓN

Algo que tampoco estaba públicamente confirmado, hasta el momento, fue la participación de otro Batallón del Ejército. Se trató de 25 soldados pertenecientes a la Zona Militar 35 ubicada en Chilpancingo, Guerrero.

De acuerdo con oficios, ellos acudieron en apoyo de los otros militares una vez terminado el tiroteo y su labor fue hacer un cordón de seguridad en la zona.

Llegaron alrededor de las 6:30 de la mañana y se marcharon después de las 14:00 horas, tiempo durante el cual, según los testimonios de las tres mujeres rescatadas, los militares acomodaron las armas y los cuerpos para para ocultar las ejecuciones.

Aunque el Ejército dice no contar con pruebas documentales sobre la actuación de sus soldados, en el expediente de la CNDH se mencionó que, el comandante jefe del Batallón 102, al que pertenecen los militares encarcelados, llegó al lugar de los hechos a las 7 de la mañana.

Con estos datos, se puede saber que entre las 6:00 y 12:30 horas se concentraron al menos 55 elementos del Ejército destacamentados en Guerrero y el Estado de México, además de 21 marinos.

Además, dos militares de mayor rango; generales de brigada diplomados del Estado Mayor quienes eran, precisamente, los encargados de los cuarteles de Santa María Rayón y Chilpancingo, tuvieron una reunión dentro de la bodega para supervisar lo hecho por los soldados.

Los nombres de los generales fueron entregados por el Ejército a la CNDH pero no detallaron a qué conclusiones pudieron llegar. Por el momento, la identidad de ambos se mantiene resguardada por “protección de datos personales”.

Pero tampoco puede saberse si fueron mencionados por los soldados encarcelados. El equipo de Investigaciones Especiales de Noticias MVS revisó el expediente de más de 7 mil hojas que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tras una solicitud de información luego de que la defensa de los solados procesados tratara de impedirlo mediante un juicio de amparo.

De hecho, un juez federal ordenó en diciembre pasado que el expediente se mantuviera cerrado hasta en tanto no terminara de analizar el caso, es decir, si los documentos en poder de la CNDH podían ser públicos o debían mantenerse bajo reserva.

Pero cuando entró en funciones el nuevo “ombudsman”, Luis Raúl González Pérez, la propia CNDH elevó al caso Tlatlaya a la categoría de violaciones graves a los derechos humanos y, casi al mismo tiempo,  la defensa de los soldados se desistió el juicio de amparo y, con ello, el expediente quedó de nuevo abierto.

La solicitud para acceder al expediente, se hizo por este espacio informativo en octubre del año 2014.

 

LOS TESTIMONIOS

Las declaraciones de las mujeres liberadas, representan uno de los temas sobre los cuales los visitadores de la CNDH pusieron mayor énfasis.

Dos sobrevivientes explicaron cómo los soldados movieron los cadáveres y les pusieron las armas encima.

Según su versión, los elementos de la Sedena acomodaron incluso las camionetas en que viajaban los presuntos delincuentes para ajustar su versión de un enfrentamiento en igualdad de circunstancias.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos reunió fotos de los peritajes realizados por la Procuraduría mexiquense y las publicadas por la Agencia MVT el 26 de septiembre de 2014 producto de una filtración.

En las imágenes se mostraron a las sobrevivientes en una visita al penal federal de Tepic, Nayarit, cuando aún se encontraban presas acusadas de secuestro.

La mayoría de estas fotos no se habían puesto al escrutinio público, pero el equipo de Noticias MVS pudo observar una versión pública en el expediente que transparentó la CNDH.

En una imagen número se aprecia a las tres sobrevivientes al ataque, sentadas contra una barda. Las mujeres son vigiladas por un soldado que lleva la cara cubierta. Detrás,  hay una ventana en la que se puede ver a más soldados.

Una de las sobrevivientes dijo que esa foto fue tomada por un militar o un perito de la Procuraduría mexiquense. El soldado que se aprecia del lado derecho sí participó en la balacera, aunque no disparó contra los civiles luego de la rendición, según la mujer cuya identidad se reserva en todo momento.

La misma mujer indicó que en la foto marcada con el número tres, el cuerpo que se aprecia no tenía ninguna arma encima y que la camioneta estaba originalmente al revés.

En la foto cuatro, la víctima relata que las ropas y otros objetos no estaban desordenados, pero quedaron en esa posición una vez que los soldados “esculcaron” las pertenencias de los muertos.

En la foto seis, se aprecia el cadáver la única mujer muerta en el tiroteo  abrazada al cuerpo de quien al parecer era su pareja sentimental.

Uno de los cuerpos tiene tierra en la cara. La sobreviviente afirma que originalmente cayó de boca al suelo, pero fue movido por los soldados.

Entre los cadáveres, la joven reconoce a uno de los hombres que la secuestró y violó.

“Es también uno de los que me violó, no escuché su nombre o apodo. Me violó junto con el que identifiqué en la foto 25 (…) En tres fotos identifican a dos jóvenes que también fueron secuestrados y asesinados por los soldados, según su versión.

Los reconozco como los que estaban con nosotras amarrados. Los que sacaron para supuestamente sacarles las fotografías (…) Dos eran de los muchachos que estaban secuestrados con nosotras, el tercer cuerpo no lo reconocí. En la foto que me muestran ya hay cuatro cuerpos, cuando yo solo ví tres”.

En preguntas directas, las víctimas establecen que la balacera duró 20 minutos. Posteriormente, pasaron 15 minutos para los soldados entraran a la bodega. Las mujeres notaron que eran siete soldados y que uno de ellos resultó herido.

La última pregunta del cuestionario es: ¿escuchaste que alguien diera la orden de disparar a los muchachos?. Una de las sobrevivientes respondió: “no, ellos entraron y dispararon.”

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Peritajes de la PGJEM revelan encubrimiento al Ejército en caso Tlatlaya

Los peritos de la Procuraduría del Estado de México tuvieron elementos para dudar de la versión del ejército sobre el homicidio de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, sin embargo sus peritajes respaldaron la hipótesis de un enfrentamiento equitativo entre soldados y presuntos delincuentes, y no de ejecuciones extrajudiciales, como concluyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Las 22 víctimas de Tlatlaya registraron en total 107 heridas de Bala; nueve personas presentaron lesiones al realizar “maniobras instintivas de defensa”, esto significa que intentaron cubrirse de las agresiones del Ejército.

Además, once de las víctimas tenían lesiones provocadas por tener contacto con superficies duras y ásperas. En sólo uno de los casos se especificó que las lesiones pudieron registrarse cuando la víctima cayó al suelo.

Los peritos llegaron a la bodega seis horas después de la balacera. Durante todo ese tiempo los soldados estuvieron en la escena del crimen sin supervisión; aún así, la Procuraduría no investigó una posible alteración de la escena del crimen.

Los peritajes fueron realizados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) después de la matanza del 30 de junio en el municipio mexiquense de Tlatlaya.

El equipo de Noticias MVS tuvo acceso a parte de estos documentos tras una solicitud de información realizada a la CNDH, la cual elaboró una recomendación sobre el caso.

Durante los primeros días autoridades federales y locales mantuvieron la versión de que las muertes derivaron de un enfrentamiento equitativo entre soldados y presuntos criminales, aunque revelaciones periodísticas debilitaron su discurso y actualmente siete elementos son procesados por estos hechos.

Un día después de los hechos, el gobernador Eruviel Ávila defendió la actuación del Ejército.

“El Ejército mexicano, allá en Tlatlaya, tuvo una valiente presencia y acción al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas, lamentablemente un militar salió herido, pero el Ejército en su legítima defensa actuó y abatió a los delincuentes”.

Poder de Fuego 

En los 22 cadáveres se contaron 107 heridas de bala.

Los peritajes indican que nueve víctimas tenían trece heridas de arma de fuego que les fueron realizadas mientras realizaban “maniobras instintivas de defensa”, esto significa que intentaron cubrirse de las agresiones del ejército.

En su recomendación, la CNDH señaló que cuando se presentan maniobras instintivas de defensa y de protección “muy probablemente” la víctima fue privada ilegalmente de su vida.

Además, se señala el caso otras seis víctimas que probablemente intentaron defenderse de una ejecución extrajudicial, porque tenían heridas de bala en los brazos.

Según los documentos que fueron mostrados a MVS, la víctima más afectada durante la agresión recibió 16 impactos de arma de fuego por parte del Ejército mexicano.

Por la descripción de los elementos se puede concluir que la hija de Julia (la mujer que fue entrevistada por la revista Esquire y que reveló la ejecución extrajudicial) recibió 10 balazos.

Resguardo del lugar

La Procuraduría mexiquense concluyó que el lugar de los hechos sí fue preservado en su estado original antes de la revisión científica, sólo por el hecho de que estaba resguardado por militares.

Los hechos sucedieron alrededor de las 6:00 de la mañana.

El Ministerio Público de Tejupilco fue llamado a las 11:00 de la mañana y los peritos llegaron hasta las 12:30 horas, es decir, más de seis horas después.

Los peritos estatales fueron recibidos por un coronel del Ejército, quien informó que en ése lugar se había registrado una balacera entre miembros del Ejército y un grupo delictivo.

Con esos elementos la Procuraduría mexiquense concluyó en su informe que:

“El lugar sí fue preservado en su estadío original previo a nuestra intervención criminalística, lo que se corrobora ya que a nuestro arribo al lugar se encontraba resguardado por elementos del Ejército mexicano”.

Enfrentamiento

La principal y última conclusión del Ministerio Público es que las muertes derivaron de un enfrentamiento equitativo entre soldados y presuntos delincuentes.

Para sostener esta hipótesis se argumenta que la camioneta Chevrolet del Ejército recibió 20 impactos de bala.

En el resumen del peritaje se establece que la posición de los cadáveres corresponde a la original en que se encontraban al momento de caer.

Sin embargo, con el mismo peritaje expertos de la CNDH concluyeron que se registraron 12 ejecuciones extrajudiciales y tres cadáveres fueron movidos luego del tiroteo, por lo que no se puede determinar la forma exacta del fallecimiento.

Posteriormente, en un comunicado del 2 de noviembre de 2014, la Judicatura Federal informó que tres militares eran procesados por el homicidio de ocho personas.

En total, son siete los soldados investigados por los delitos de abuso de autoridad, homicidio calificado, alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo y ejercicio indebido del servicio público.

El 21 de octubre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por los hechos ocurridos en Tlatlaya.

Según esta investigación, dos de las tres sobrevivientes al ataque fueron torturadas. Incluso se les amenazó con ser violadas para que reconocieran ser parte de una banda de secuestro y quitaran toda responsabilidad al ejército.

Con la declaración forzada, las mujeres fueron recluidas en un penal de alta seguridad y consiguieron su libertad el 15 de diciembre, luego de que la PGR presentó conclusiones no acusatorias.

A 200 días de los homicidios se desconocen los nombres de los 20 funcionarios de la Procuraduría del Estado de México que son investigados por ejercer tortura y tampoco se ha dado a conocer la cadena de mando completa del Ejército que participó en la ejecución extrajudicial de 22 civiles la madrugada del 30 de junio de 2014.

Trata de personas: terror internacional

Trata de personas TlaxcalaEspera sola a un costado de la carretera, aunque el polvo y la lluvia lo arruinan todo lleva la ropa del día anterior. Su mirada vidriosa, la piel pálida, el pelo sucio y la pose que denotan tristeza y terror la hacen más apetecible en el mercado del sexo.

Es la vía corta que conecta a Puebla con Tlaxcala, uno de los corredores más representativos de la trata de personas y la prostitución forzada. A los costados se erigen decenas de hoteles de paso y destacan los vigilantes de las jóvenes obligadas a prestar servicios sexuales.

El equipo de Noticias MVS recorrió la zona, en la que más de 50 por ciento de la población tiene ingresos inferiores a la línea de bienestar, según Coneval, pero aún así se pueden ver autos de lujo, casas suntuosas y una estrecha organización vecinal que detecta y acosa a los fuereños.

En ambos lados de la carretera se aprecia la construcción de cinco nuevos hoteles, lo que indica que el negocio va en crecimiento.

Tlaxcala cerró 2013 con 474 cuartos de hotel disponibles y en tan sólo cuatro meses de 2014 llegó a 597, lo que significa un aumento de 28.4 por ciento, cifra que supera ampliamente el 2.2 por ciento de los centros turísticos de playa, indican datos de la Secretaría de Turismo.

A un lado de este camino se encuentra Tenancingo, el pueblo conocido como la capital internacional de los tratantes de mujeres, aunque en realidad el fenómeno se encuentra extendido en toda la región sur de Tlaxcala y Puebla.

En 2005 organizaciones de la sociedad civil comenzaron a trabajar para hacer visible el problema y exigir la atención de las autoridades.

Uno de los principales resultados es la Ley para la Prevención de la trata de Personas para el Estado de Tlaxcala, además del plan Sexenal y la Estrategia Estatal contra la Trata de Personas.

Sin embargo, líderes de organizaciones sociales consideran que las autoridades no hacen lo suficiente para combatir el problema, pese a que tienen todos los instrumentos legales de su parte.

María Guadalupe García Vargas, directora del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local AC dijo que las actuales medidas fueron creadas por la presión de la sociedad civil:

Pero desafortunadamente ninguna de estas acciones se ha implementado, hay un plan que tiene estipulado que desde 2012 debieron de haber implementado muchas acciones y nada de eso se está haciendo, hay una total simulación de parte del estado.

En Tenancingo se empezó a normalizar esta situación, mucha gente, no toda, pero sí mucha gente se dedica a eso; pero no es solamente ese municipio, desafortunadamente sigue creciendo porque las autoridades no están cumpliendo con su deber ni de prevenir, ni de atender y mucho menos de sancionar este delito.

Rosario Adriana Mendieta Herrera, Directora del Colectivo Mujer y Utopía AC, sostuvo que las autoridades no tienen voluntad política para aplicar la ley. Puso como ejemplo la clausura de hoteles por cuestiones administrativas que vuelven a operar tras cubrir multas:

Una zona donde encuentras chicas paradas es la vía corta y recientemente han cerrado hoteles donde hay chicas fuera de la vía corta, pero solo se cierran; incluso como organización hemos cuestionado qué pasa con la Ley de Extinción de Dominio en Tlaxcala…

y que son cerrados por cuestiones de salud, ni siquiera por la cuestión de trata, entonces hay una simulación bastante fuerte en lo que implica este problema grave en Tlaxcala.

El equipo de MVS recorrió la Vía Corta:
Varias chicas esperan clientes a los costados de la carretera, constantemente tienen que esconderse debido a los patrullajes de la policía estatal, cuyos elementos revisan hasta abajo de los puentes.

Las mujeres son las que corren, los hombres que vigilan el negocio pueden quedar a la vista, pues la policía no va por ellos.

Justo en la entrada a Tenancingo se encuentra una patrulla de guardia permanente. Los elementos observan los autos de lujo que entran al pueblo e incluso hacen algunas revisiones. A unos metros una lona ofrece la promoción de 80 pesos por dos horas de hotel; el negocio ocurre a la vista de todos.

Según las organizaciones sociales el hotel “El Triunfo” es uno de los que mejor representa la problemática: el 22 de abril la procuraduría estatal realizó un operativo que dejó saldo de siete detenidos, se colocaron los sellos de clausura e inició una investigación por trata de personas.

Para el 27 de junio ya estaba de nuevo en operación.

Fue precisamente a unos metros de este negocio, en el puente San Ángel, donde la chica pálida y de mallas rayadas esperaba un cliente.

El equipo de MVS denunció el caso en los números de las dependencias especiales de la Procuraduría de Tlaxcala, donde prometieron darle seguimiento al caso.

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En Estados Unidos, las cosas funcionan un poco diferente.

El sistema judicial de Estados Unidos procesó y encarceló a 17 personas usando como base el testimonio de dos víctimas, una de las cuales fue enganchada en Puebla a la edad de 17 años.

La organización de los hermanos Isaías y Bonifacio Flores Méndez forzaba a sus víctimas a prostituirse con hasta 30 hombres por día, en burdeles y granjas con trabajadores migrantes.

Flores Méndez enamoró a la adolescente y le prometió un mejor estilo de vida en Estados Unidos. En un principio la joven se resistió, pero terminó entrando a la red de prostitución tras una serie de vejaciones y amenazas.

Atendía a 20 clientes por día durante casi un año.

Una noche de invierno en Nueva York la joven se negó a prostituirse. Isaías la sacó junto a su bebé al frío de la madrugada, sin abrigos. Tuvo que regresar a la casa en la que la obligaban a vender su cuerpo para no morir de hipotermia.

La mujer, cuya identidad se mantuvo bajo resguardo en la investigación judicial, logró escapar y pedir ayuda. Después de ocho años expuso su historia a las autoridades estadunidenses.

La organización Santuario para las Familias defendió legalmente a la víctima mexicana; la abogada Lori Cohen dijo que Nueva York al menos cuatro agencias del gobierno investigan el tema de trata de personas, incluyendo una corporación que opera en la ciudad.

En Nueva York tenemos mucha suerte, es decir que la policía de la ciudad de Nueva York, tiene una rama especializando una rama en trata…

por lo menos hay cuatro agencias de autoridades investigando casos de trata aquí en Nueva York

Sostuvo que la prostitución de mujeres de todas las nacionalidades aún se realiza en burdeles, mediante anuncios en internet e incluso bajo la modalidad de envío a domicilio.

las mujeres prostituidas aquí en los Estados Unidos, las mexicanas, me dicen que los hombres, se dice los tickets, los hombres que compran servicios sexuales vienen de todas partes del mundo, no son puros hispanos…

Sale más barato si se pide una mujer en inglés que en español.

En la investigación, las autoridades usaron rastreadores satelitales, testigos protegidos e intervenciones telefónicas; el resultado: cadena perpetua para los hermanos Flores Méndez.