Cisen: gobierno federal refuerza herramientas de espionaje

cisenCuando el presidente Enrique Peña Nieto dijo que pondría el acento en el trabajo de inteligencia para combatir a la delincuencia  hablaba en serio.

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) reforzó de manera exponencial sus herramientas para labores de inteligencia y espionaje con el cambio de sexenio.

Y además, el gobierno federal tiene prisa. Para los primeros cuatro meses del 2014, en el periodo enero-abril, programaron un gasto de 16 mil 532 millones de pesos, 16 veces más de lo invertido en el primer año de gobierno.

Los recursos públicos destinados al Cisen representan, por ejemplo, casi seis veces el presupuesto anual del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Y también significa casi 12 veces más el presupuesto de otras instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El presupuesto del Centro de Inteligencia Mexicano para 2014 aumentó 174 por ciento respecto al año anterior según consta en el presupuesto de egresos.
La legislación sobre acceso a la información pública permite mantener bajo reserva los detalles del equipo comprado y la identidad de sus proveedores pues se trata de adquisiciones relacionadas con la seguridad nacional.

Aún así, el título de los proyectos de inversión permite saber que el Cisen fortalece sus capacidades para reunir y analizar información; por ejemplo, los procesos más costosos son:

  • Equipo de comunicación especializada para prevención: 6 mil 232 millones 805 mil 640 pesos
  • Equipo para recolección de información para coordinación: 5 mil 577 millones 572 mil pesos
  • Equipo para recopilación de información en campo y de forensia informática para el fortalecimiento del Estado mexicano: 2 mil 048 millones 666 mil 620 pesos

Además de la compra de equipo se contempla el mantenimiento y costo de operación por períodos de cinco y 10 años.

Este 30 de abril de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el programa para la seguridad nacional 2014-2018, donde destaca la creación del Sistema Nacional de Inteligencia (sin), el cual reunirá a las unidades de  PGR, la policía federal, las fuerzas armadas y el Cisen.

Además del gasto para equipo de espionaje y comunicaciones, desde este año el Cisen tiene una nueva partida llamada “provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales”, que tiene asignados 4 mil 600 millones de pesos.

De la información pública disponible no hay manera de saber en qué se usarán esos recursos públicos.

El propio presidente Peña Nieto ha subrayado la importancia que tendrá el Centro de Inteligencia en su gobierno: “Un elemento fundamental de esta política es el mayor uso de información estratégica en seguridad; gracias a las labores del Cisen, hoy el país cuenta con una fusión y convergencia de inteligencia”.

Jorge Luis Sierra, experto en fuerzas armadas y seguridad nacional dijo que el gobierno mexicano está rearmando su estructura de inteligencia, luego de varios años de descuido y falta de inversión.

“En las iniciativas de ley que ha introducido el gobierno federal, recientemente, existe la intención muy clara de convertir a toda la industria de telecomunicaciones en una plataforma de espionaje”, dijo.

Sostuvo que la política de seguridad debe ir acompañada de controles democráticos que aseguren que la tecnología no se utilizará con fines políticos:

“Pero si eso no está acompañado de controles democráticos y de rendición de cuentas y de transparencia, entonces estaríamos prácticamente retrocediendo a las experiencias en donde los grupos de inteligencia estaban dedicados simplemente dedicados a la investigación política con fines electorales o confines de control o de manipulación política”, agregó.

Para este reportaje se consultó a la Comisión Nacional de Seguridad, pero no quiso hacer comentarios.

Así, con una inversión histórica, suficiente para comprar cualquier equipo de espionaje y de intervención en comunicaciones, el Cisen está de regreso.

NOTA IMPORTANTE: en la versión original decía que el aumento del presupuesto total era de 274%, la cifra correcta es 174%. El error y responsabilidad es completamente mía, maldita sea. SB 

Sebastián Barragán/Irving Huerta

Caos nacional en albergues

La Gran Familia
La Gran Familia

El operativo federal en el albergue para menores “La Gran Familia”, en Zamora, Michoacán, destapó el desorden en el que operan los albergues públicos y privados del país: no hay registros oficiales, se desconoce el número exacto de los niños y jóvenes que resguardan y el mal estado de las instalaciones pone en riesgo sus vidas. El caso del centro que dirigía “Mamá Rosa” podría replicarse en otro lugar de México.

Las cifras oficiales dan cuenta del caos: en el censo 2010, el Inegi reportó que más de 19 mil menores vivían en albergues públicos o particulares. Pero tres años después, el mismo organismo dio a conocer que cerca de 11 mil menores vivían en este tipo de instituciones.

De estos 11 mil menores, treinta por ciento estaba en albergues de gobierno. El resto, en privados.

El DIF nacional, organismo encargado de la política pública para proteger a los menores en desamparo, también carece de un diagnóstico confiable.

En un proyecto para construir un nuevo albergue al sur de la ciudad de México, señaló: “los datos de menores institucionalizados en hogares privados son relativamente inciertos pues a pesar de existir un monitoreo por parte de las autoridades locales, los hogares privados no realizan los reportes en tiempo ni forma”.

En el año 2006, la investigadora Elena Azaola recorrió 55 albergues en cinco estados del país y encontró que 73 por ciento de los establecimientos no cuentan con supervisión de las autoridades, siete de cada 10 carecen de personal capacitado y no tienen protocolos de atención.

La académica dijo a la primera emisión de Noticias MVS que estas condiciones tendrán efectos posteriores, precisamente cuando los niños se reintegren a la sociedad.

“Cuando recibieron toda esa base de abusos, de abandono, de la indigencia, de  violencia, de golpes, de ignorarlos, de humillarlos, qué van a dar esos niños cuando sean grandes: lo mismo que recibieron, entonces no nos espantemos de la violencia espantosa de nuestro país, ese sería mi resumen, no nos espantemos si estamos abandonando a la infancia y a los jóvenes   de la manera como se les abandone”.

 

Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, sostuvo que el estado mexicano no tiene capacidad para supervisar todos los albergues, lo cual se agrava por la corrupción e impunidad que predominan en todos los niveles de gobierno.

El sistema DIF más allá de gente muy valiosa y comprometida puede intentar hacer cosas, no tiene ni la capacidad instalada ni el marco jurídico ni el personal apropiado para atender esta realidad.

Sobre el albergue de La gran Familia en Zamora, Michoacán, sostuvo que refleja la falta de actuación de las autoridades en todos sus niveles:

“La verdad es un doble lenguaje el que han manejado las autoridades porque se llaman a sorpresa cuando es su obligación supervisar, no tendrían de qué sorprenderse, porque su obligación a nivel federal, estatal y municipal era realizar la supervisión.

La declaratoria de sorpresa es en realidad una autoconfesión de la grave omisión que han tenido para más de 30 mil niños y niñas en 700 instituciones, de los cuales no cuales sabemos su situación jurídica ni integridad, ni cuándo van a salir de estos espacios”.

 

Albergue Graciela Zubirán
Albergue Graciela Zubirán

Dentro de los albergues que administra el DIF Nacional las cosas no marchan mejor. La dependencia federal registró un proyecto de inversión ante la Secretaría de Hacienda para demoler y reconstruir la Casa Hogar para Niñas “Graciela Zubirán Villarreal”, ubicada a un lado de ciudad universitaria.

En el documento oficial el DIF argumenta que el espacio actual presenta 12 problemáticas que interfieren con el funcionamiento del albergue; entre las cuales destaca:

  • Dificultad en el cuidado y vigilancia de las niñas
  • Riesgo de ingreso de personas ajenas al inmueble.
  • El sistema contra incendio es obsoleto y requiere ser reemplazado.

 Ver documento completo DIF NacionalDIF Albergues

El proyecto del DIF Nacional no vacila en advertir que este albergue representa “un contundente riesgo para sus ocupantes, dando pie a la avería de equipos, goteras, apagones, fugas, inundaciones, colapsos, cortos circuitos e incluso incendios, llegando al grado dar lugar a percances mayores que desencadenen pérdidas materiales y humanas”.

El lugar atiende a niñas en circunstancias de violencia familiar, falta de recursos económicos, carencia de vivienda, orfandad parcial o total, víctimas de explotación sexual, abandono, víctimas de desastre natural, entre otras. Atiende actualmente a 114 niñas de entre 9 y 18 años de edad.

Un informe de este año sobre las Procuradurías de la Defensa del menor y la familia del DIF Nacional sostiene que 2013 cerró con  15 mil 700 menores institucionalizados, de los cuales 12 mil 869 son niñas y 12 mil 831 niños. Las cifras contradicen a las publicadas por el Inegi.

Sin embargo, no indica si están en albergues públicos o privados ni señala cuáles son sus condiciones de vida.

El equipo de la primera emisión de Noticias MVS solicitó una entrevista con el DIF  nacional para conocer su versión, pero no se dio respuesta.

 

Publicado en MVS Noticias 6 de agosto